Historia legal del caso

Abr 6, 2021

Durante varios años la minera Penmont explotó el oro que se encuentra dentro del territorio del ejido a través de acuerdos con ejidatarios de forma particular sin presentarlos a la Asamblea Ejidal, ente de autoridad máxima, siendo estos acuerdos firmados únicamente por un notario y los representantes de la minera, evidenciando así el carácter ilegal de los mismos, quedando claro el carácter ilegal de los mismos. Este hecho es fundamental para toda la historia legal del caso.

El conflicto legal entre el ejido El Bajío y la minera Penmont inicia en el 2009 cuando un grupo de ejidatarios decide interponer un juicio agrario ante Penmont, este juicio está identificado como el 188/2009 y la única exigencia era que la minera les consultase la pertinencia de las acciones emprendidas dentro del territorio y poder participar en estas.

En el 2013 un grupo de 67 ejidatarios interponen 67 juicios agrarios a Penmont cuyas sentencias también dictadas por el abogado Manuela Loya Valverde, son favorables al ejido, las sentencias estipulan que:

  1. La minera debe desocupar y entregar las tierras
  2. La minera debe regresar las tierras al estado que tenían antes de la ocupación
  3. Se indica la devolución del oro que extrajo La minera
  4. La minera debe indemnizar a los ejidatarios por el uso de sus tierras

A partir de este momento se desatan una serie de hechos violentos en contra de los ejidatarios en donde podemos señalar: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, amedrentamientos, quema de vehículos, siembra de armas y órdenes de aprehensión; aunado a todo esto en el Senado de la República no ratifica en su cargo de magistrado al abogado Manuel Loya Valverde.

Estas acciones violentas se recrudecen cuando en el 2016, cuando el Tribunal Agrario #28 le asigna a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, 1.824 hectáreas de tierras dentro del ejido; dotación que fue anulada en el mismo año.

Hasta la fecha las sentencias no han sido ejecutadas, pese a que los ejidatarios han solicitado incluso la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Las sentencias son históricas en México, representan la posibilidad de que un grupo de ejidatarios pueda ejercer su derecho a la justicia, ante uno de los consorcios mineros más importantes del país y de Latinoamérica; sin embargo, la no ejecución de ellas, supone el control del poder económico sobre el poder judicial. La justicia no es para unos pocos, el acceso a la justicia ha de ser para todos.

La violencia de la “guerra contra las drogas” al servicio de las mineras en México

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Las compañías mineras, nacionales y transnacionales, se benefician una y otra vez del régimen de terror impuesto por la guerra antidrogas, como demuestran las investigaciones de periodistas y de académicos. La periodista Dawn Marie Paley, en su libro Capitalismo Antidrogas indica: “Los proyectos mineros han sido de los espacios más conflictivos de la expansión capitalista en México, y la mayor parte de la producción de oro y plata en el país se da en los estados con las tasas más altas de violencia (Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Durango y Sonora)”.

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La violencia en México al servicio de la expansión capitalista

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Raúl Ibarra de la Paz, ejidatario del Bajío y su esposa Noemí Elizabeth López Gutiérrez fueron desaparecidos el 12 de febrero de 2018, después de ser secuestrados por un grupo de personas armadas que ingresó ilegalmente al ejido El Bajío ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, Sonora.

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TOLVANERA | DOCUMENTAL

Una tolvanera o lluvia de arena es una corriente de aire, muchas veces previa a la lluvia, que arrastra tierra y arena del desierto.  “Hermanos de las ciudades, venid al encuentro de vuestros hermanos de los campos; hermanos del taller, venid a abrazar a vuestros...

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Las desapariciones y detenciones ilegales en El Bajío, Sonora, son consecuencia de los intereses económicos de la minera Penmont y Alberto Baillères.

Las desapariciones y detenciones ilegales en El Bajío, Sonora, son consecuencia de los intereses económicos de la minera Penmont y Alberto Baillères.

Una de las primeras agresiones se documentó en el 2014 con la detención y retención ilegal de ocho ejidatarios a manos de elementos del Ejército, quienes solicitaron 100 mil pesos para la liberación de cada uno. De estas ocho personas, liberaron a cuatro y detuvieron al resto. Dos de ellos fueron acusados de robo y los otros dos por portación ilegal de arma.

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