La violencia en México al servicio de la expansión capitalista

Abr 14, 2021

Raúl Ibarra de la Paz, ejidatario del Bajío y su esposa Noemí Elizabeth López Gutiérrez fueron desaparecidos el 12 de febrero de 2018, después de ser secuestrados por un grupo de personas armadas que ingresó ilegalmente al ejido El Bajío ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, Sonora.

“No estuvieron más de cinco minutos en el lugar. Sólo llegaron y dispararon en unas siete u ocho ocasiones, por lo que no se sabe si se los llevaron heridos, muertos o ilesos” denunció Jesús Hernández, vocero de la organización ejidal, al respecto del crimen.

Las desapariciones forzadas y asesinatos de defensores, como Raúl y Noemí, por parte de fuerzas estatales son claros casos de la violencia ambiental en México, que en la narrativa del gobierno y medios de comunicación convencionales son consecuencia de una “Guerra contra el narco”.

Estas violaciones a derechos humanos ocurridas en El Bajío, se atribuyen al tío de la actual gobernadora priista Claudia Pavlovich Arellano, Rafael Pavlovich Durazo, quien ha buscado apropiarse ilegalmente de los terrenos del ejido por su oro.

En 2016, a Rafael Pavlovich se le entregaron de manera ilegal mil 824 hectáreas del ejido y a partir de ese momento inició una serie de demandas por despojo contra ejidatarios y ejidatarias, quienes fueron detenidos por policías estatales, acompañados de la seguridad privada de la minera Penmont.

Ese mismo año el Tribunal Unitario Agrario #28 determinó que Rafael Pavlovich Durazo no estaba autorizado para ocupar las tierras y por lo tanto tenía que desalojarlas inmediatamente. 

El día acordado para el desalojo no se presentó ninguna autoridad y los ejidatarios presentes fueron amenazados por presuntos policías estatales que les dijeron que debían detener sus denuncias contra Pavlovich o de lo contrario serían “asesinados y enterrados en el desierto”. Ese mismo día fueron detenidos cinco ejidatarios que luego fueron liberados a unos 90 km del Ejido.

Pese a estas amenazas, la comunidad ejidal continuó sus demandas  y en octubre de 2016, José de Jesús Robledo Cruz, presentó ante diferentes medios de comunicación, una denuncia por extracción ilegal de oro, la cual había sido presentada previamente ante el Ministerio Público del Fuero Común de Caborca y ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente.

En septiembre de 2017, José de Jesús Robledo Cruz fue detenido y desaparecido fuera de su domicilio por hombres encapuchados y con armas largas, identificados con chalecos de la Secretaría de la  Defensa Nacional. Robledo Cruz estuvo desaparecido y en el 2020 apareció con claros signos de haber sufrido violencia y se supo que había solicitado, sin obtenerlo, asilo político en los Estados Unidos.


Desde el ejido El Bajío continuamos en pie de lucha, exigiendo justicia por estos crímenes y el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Agrario número 28 en donde se estipula que la minera Penmont debe restitución las tierras a su estado natural, lo que implica la devolución del oro.

Alertamos sobre cuentas en redes sociales y páginas web falsas

Alertamos sobre cuentas en redes sociales y páginas web falsas

La comunidad ejidal de El Bajío en Sonora, integrantes de REMA, denunciamos la creación de cuentas falsas en redes sociales, así como de una página web, las cuales se hacen pasar por la representación oficial del ejido y difunden información en favor de la empresa Fresnillo PLC, propietaria de la minera Penmont.

read more
La violencia de la “guerra contra las drogas” al servicio de las mineras en México

La violencia de la “guerra contra las drogas” al servicio de las mineras en México

Las compañías mineras, nacionales y transnacionales, se benefician una y otra vez del régimen de terror impuesto por la guerra antidrogas, como demuestran las investigaciones de periodistas y de académicos. La periodista Dawn Marie Paley, en su libro Capitalismo Antidrogas indica: “Los proyectos mineros han sido de los espacios más conflictivos de la expansión capitalista en México, y la mayor parte de la producción de oro y plata en el país se da en los estados con las tasas más altas de violencia (Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Durango y Sonora)”.

read more