Las compañías mineras, nacionales y transnacionales, se benefician una y otra vez del régimen de terror impuesto por la guerra antidrogas, como demuestran las investigaciones de periodistas y de académicos. La periodista Dawn Marie Paley, en su libro Capitalismo Antidrogas indica: “Los proyectos mineros han sido de los espacios más conflictivos de la expansión capitalista en México, y la mayor parte de la producción de oro y plata en el país se da en los estados con las tasas más altas de violencia (Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Durango y Sonora)”.
Por ejemplo, en esta última entidad, el ejido El Bajío resiste al proyecto minero de la empresa Penmont, donde la comunidad ha sido hostigada y agredida por grupos armados y autoridades estatales por igual.
José de Jesús Robledo Cruz, expresidente ejidal, denunció en 2016 ante diversos medios de comunicación a Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora estatal, Claudia Pavlovich, por intromisión ilegal a las tierras del ejido. Un año después, hombres armados e identificados con chalecos de la Secretaría de Defensa Nacional detuvieron a José de Jesús afuera de su casa y desde entonces, la comunidad no supo de él, hasta que en el 2020 el expresidente ejidal volvió al ejido indicando que huyó a Estados Unidos en busca de asilo político.
El pasado 30 de abril del 2021 se halló su cuerpo junto al de su esposa María de Jesús Gómez Vega en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. Sobre los cuerpos se encontró un cartón con los nombres de un grupo de trece ejidatarios y ejidatarias de la comunidad.
En 2018, los ejidatarios denunciaron el asesinato del compañero Raúl Ibarra de la Paz, y hasta hoy su cuerpo y el de su esposa, Noemí Elizabeth López Gutiérrez, no han sido encontrados.
Según el discurso oficial que promueven algunos medios de comunicación, en esta zona se disputan rutas de narcotráfico, que sin duda existen, pero no mencionan otros intereses en juego tales como el saqueo de recursos naturales y la violencia que se ejerce en contra de quienes los defienden.
Un columnista que ha reproducido este discurso oficial es Hector de Mauleón, en su columna de El Universal atribuyó la violencia en el ejido de Caborca, Sonora, a conflictos entre grupos de narcos y omitió la existencia de la sentencia histórica del 2014 que ganó el Bajío contra la minera y que obliga a esta a la devolución del oro y la reparación ambiental del territorio explotado. Una resolución única en la lucha contra la minería en México.
Este discurso obstaculiza el cumplimiento de las sentencias, que hasta la fecha siguen sin ser ejecutadas. La corrupción y violencia, ejercida con la complacencia de las autoridades federales y estatales, coludidas con las grandes empresas, ya cobró la tranquilidad de la comunidad y las vidas de cuatro ejidatarias y ejidatarios, ¿Cuántas vidas más costará al ejido?
