Cada vez son más frecuentes los testimonios de comunidades afectadas por la minería en México.
En el caso del ejido El Bajío, en Sonora, la explotación minera a cielo abierto de la empresa Penmont ha destruido grandes áreas del desierto sonorense al excavar “tajos” de tierra de kilómetros de diámetro y de profundidad.
“Es como si un volcán estuviera volteado al revés” explica el periodista Heriberto Paredes en su recorrido por La Herradura, la mina de oro más grande de México, que colinda con nuestro ejido.
Por cada tonelada de tierra removida se consiguen tan solo 1.5 gramos de oro. En la mina “La Herradura” cada día se muelen 16 mil toneladas de tierra y al año se procesan 6.5 millones de toneladas.
Además, en estos procesos se utilizan y contaminan millones de metros cúbicos de agua, al igual que los suelos, los ríos y el manto freático.
“La extracción de tan sólo una onza de oro implica unas 79 toneladas de residuos mineros que quedan en la tierra, lo que significa una fuente potencial de contaminación importante por décadas e incluso siglos”, de acuerdo con el informe Casino del Extractivismo, del Centro de Derecho Ambiental Internacional, Alerta Minera Canadá y el Instituto de Estudios de Políticas.
Como toda actividad minera a cielo abierto, el impacto sobre los ecosistemas es irreversible. Y los ecosistemas desérticos, como el de nuestro ejido, son más sensibles a cualquier cambio y su recuperación es extremadamente lenta.
En el desierto de Sonora también habitan especies protegidas en peligro de extinción, como el berrendo sonorense que ha sido gravemente afectado por esta industria. “Si el proyecto minero continúa [refiriéndose a la zona donde se encuentra nuestro ejido y La Herradura] el berrendo no tendrá hábitat disponible para sobrevivir”, aclara el biólogo Carlos Castillo. Esta especie necesita espacios abiertos para huir de sus depredadores ya que su visión de casi 180 grados y su gran velocidad se lo permiten.
Si no hay quien regule o establezca límites para el crecimiento de las empresas mineras, en poco tiempo se perderán siglos o milenios de historia natural, sin mencionar las afectaciones a la salud y a la vida de las comunidades que habitan cerca de los centros mineros.
Otro ejemplo de la impunidad e irresponsabilidad ambiental con la que operan las empresas mineras es el derrame de litros de desechos tóxicos desde la mina de Grupo México sobre el río Sonora ocurrido hace 7 años.
El derrame afectó gravemente la salud de las comunidades, su tejido social y al medio ambiente con impactos en infantes, adolescentes y mujeres. Hasta la fecha, las autoridades locales, federales y empresarios niegan la existencia de la contaminación, los abusos a los derechos humanos y la falta de acceso a la justicia.
