¡El Bajío no se vende, el bajío no se da, el bajío se defiende, con mucha dignidad! —grita un grupo de personas en el centro de Londres a las nueve con treinta minutos de la mañana. Protestan frente al edificio donde se llevará a cabo la reunión anual de accionistas de Fresnillo PLC, la empresa minera mexicana listada en la Bolsa de Valores de Londres.
Fresnillo PLC es la dueña de la Minera Penmont, que desde 2014 está obligada por 67 sentencias a devolver el oro que extrajo ilegalmente del territorio del ejido El Bajío, así como restituir las tierras a su estado natural, pagar rentas, entre otras cosas.
En punto de las diez de la mañana dos ejidatarios de El Bajío, su representante legal, y tres miembros de las asociaciones London Mining Network y London Mexico Solidarity, entraron al edificio donde se llevaría a cabo la reunión.
En el salón de juntas esperaba personal de la empresa, y un poco antes de iniciar la asamblea llegaron dos accionistas más. El salón estaba prácticamente vacío. Al frente, en el estrado, se encontraba el nuevo presidente de la compañía, Alejandro Baillères; y el director ejecutivo de la misma, Octavio Alvídrez, entre otros representantes del consejo de administración.
La representación del ejido, pudo narrar cómo la empresa Fresnillo PLC, ha evadido la justicia desde hace ocho años y cómo desde ese momento, se ha desencadenado una ola de violencia sobre los y las ejidatarias, la cual se ha traducido en: privaciones de la libertad, amenazas, secuestros, torturas, órdenes de aprensión emitidas sin fundamentos, robos de vehículos y desplazamiento forzado del territorio, teniendo esta violencia, como punto de máxima expresión el asesinato de los compañeros José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y Raúl Ibarra de la Paz y la desaparición de Noemí López Gutiérrez.
Se les señaló que la información que brinda la empresa Fresnillo PLC, sobre la posesión de un título de propiedad dentro del territorio del ejido es incorrecta, ya que el Tribunal Agrario #28 sentenció el pasado mes de enero de 2022, que el título de propiedad número: 1021745, fue otorgado a dicha empresa de forma ilegal y por lo tanto se declara su nulidad; además se les recordó que desde el 2014 el ejido cuenta con 67 sentencias firmes y que la empresa no ha acatado la Ley desde hace ocho años.
Sobre el estrado los miembros de la compañía escuchaban atentamente en un inicio, y conforme pasaron las participaciones de los primeros cinco miembros de la comisión de El Bajío fueron mostrando mayor incomodidad e inconformidad, hasta el punto de parecer molestos. Detrás de una mesa con una bandera del Reino Unido, de México, de Fresnillo PLC y de la Familia Baillères, fueron respondiendo con evasivas. No hubo respuestas claras a ninguno de los señalamientos emitidos por la delegación.
Solamente Baillères y Alvídrez tomaron la palabra para contestar las preguntas que uno a uno fueron haciendo los miembros de la comisión de El Bajío. Sus respuestas fueron de lamento por los asesinatos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, y las desapariciones de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
Al finalizar las participaciones de los seis miembros de la comisión de El Bajío, el presidente de la compañía mostró sobre una pantalla las votaciones digitales de los accionistas y se dio el consejo de administración por re-elegido, ante la mirada de una pareja de personas mayores, quienes fueron los únicos accionistas presentes en el salón.
