“¿Cómo es posible que esto haya sucedido?” La sorpresa, el asombro, eso fue lo primero que recuerdo haber pensado cuando leí que la comunidad ejidal de El Bajío, en Sonora, México, muy al norte del país, casi en la frontera con Estados Unidos, estaba denunciando que su presidente había sido secuestrado por hombres que respondían a las órdenes de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la entonces gobernadora del estado, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.
“Cómo es posible que esto haya sucedido, y que no aparezca en los principales medios de comunicación del país”. Leí la historia en un medio local, Libera Radio, y encontré notas sobre los hechos en el portal de la revista Proceso, nada más. Años antes un corresponsal del diario Reforma había dado cobertura, así me enteré de que este caso, tenía años de historia.
Para que quede claro, un ejido es una propiedad comunal herencia de la guerra revolucionaria que dotó de tierras a campesinos. La superficie de los ejidos en el norte del país por lo general es mayor que la de los ejidos del centro y el sur ya que estos últimos, suelen tener mejores condiciones para las actividades productivas primarias. El territorio de El Bajío se compone de 20 mil hectáreas, una inmensidad de tierra, ubicada en el medio del desierto sonorense.
En la década del noventa llegaron empresas mineras a reclutar personal para su industria y a comprar, acordar u ocupar de manera ilegal espacios para la explotación de minerales. Estos pactos se hicieron a partir del desconocimiento que tenían los ejidatarios sobre el valor de los minerales que se encontraban en sus territorios, además las empresas mineras lograron dividir a las comunidades y generar pugnas internas, debilitando así, el tejido social.
En el ejido El Bajío se instaló de forma ilegal, la minera PENMONT, filial de Fresnillo PLC, única empresa mexicana que cotiza en la bolsa de valores de Londres y de la cual es dueña la familia Baillères, los mismos del Palacio del Hierro y Seguros GNP. La empresa pagó un monto ínfimo a los ejidatarios por la ocupación de sus tierras, y con ello la empresa se aprovechó para instalar maquinaria, comenzar las detonaciones de los cerros, e iniciar dos minas de oro a cielo abierto en la propiedad ejidal. Años de manipulación y desconocimiento, hicieron posible que Fresnillo PLC operara impunemente y sin los permisos legales, extrayendo según sus propios reportes 236 mil onzas de oro.
En el 2013, los ejidatarios se dan cuenta de la manipulación de la que han sido víctimas, deciden entonces interponer 67 juicios agrarios en contra de la minera y en el 2014, obtienen sentencias favorables; estas sentencias obligan a la empresa a resarcir el daño ambiental, y a devolver todo el oro extraído en los años de ocupación. Estas sentencias son un hito histórico en la materia agraria en nuestro país.
Pero la justicia, a casi nueve años, no ha llegado. Dos ejidatarios desaparecidos, dos ejidatarios asesinados, encarcelamientos y amenazas es la respuesta que la comunidad ejidal ha obtenido al decidir defender su territorio de esta megaempresa extractivista.
Las sentencias están firmes, pues se agotaron las instancias para que la empresa pudiera revertir el fallo, confirmándolas y su ejecución, podría cambiar la historia de injusticia vivida, no solamente por el ejido El Bajío, sino por las miles de comunidades que defienden sus tierras, incluso a costa, de sus propias vidas.
Éste es el gran logro del ejido El Bajío, logro que debe ser concretado y su historia es la columna vertebral de Tolvanera, una película que habla de las alianzas entre el poder político, económico y criminal que, en una inmensa cantidad de casos, impiden que se acceda a la justicia en nuestro país.
Ángel Melgoza – Director
Ariadna Mogollón – Productora
