Desde el ejido El Bajío hemos estado siguiendo con suma atención las notas publicadas por el diario El Universal[1] relacionadas con nuestra lucha; hemos notado en las mismas un patrón de noticias falsas que detallan acciones realizadas o por realizar por parte de nuestro ejido, se nos relaciona con el crimen organizado y se nos acusa de estar coludidos con la empresa minera Fresnillo PLC, a quien hemos denunciado por invadir nuestro territorio y no cumplir con la justicia mexicana desde hace ya casi diez años.
Recordamos que desde el ejido El Bajío estamos esperando, desde hace nueve años, que se ejecuten las 67 sentencias que dictó el Tribunal Agrario #28, en donde se estipula que la empresa minera Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères, debe restablecer el territorio que ocupó ilegalmente a su estado natural. Todo apoyo en pro de la ejecución de las sentencias es bienvenido, lo hemos dicho y lo seguiremos sosteniendo, lo único que necesitamos es que se cumpla justicia.
Nos inquieta que en las notas publicadas se indique que, desde la bancada de Morena, el senador José Narro Céspedes, estaría a punto presentar un acuerdo para que se inicie un proceso de negociación entre nuestro ejido y la empresa minera; esto nos genera sorpresa ya que la autoridad ejidal no está al tanto de este posible acuerdo, ante esto nos preguntamos ¿cómo es posible generar una mesa de negociación cuando la autoridad ejidal no está al tanto de la misma?
Otra aseveración formulada en estas notas de prensa, según informa una vez más el senador Narro, es que estamos en negociaciones para que la empresa minera Fresnillo PLC vuelva a entrar en nuestro territorio, ante esto expresamos una vez más, que no permitiremos que ninguna minera vuelva a entrar a nuestro ejido, esto es innegociable. Somos testigos de primera mano, de lo que sucede cuando una minera entra a un territorio: nuestra tierra ha sido devastada, hemos sido desplazados de ella y nuestros compañeros han sido asesinados y desaparecidos en su defensa.
Nos sigue sorprendiendo el empeño en vincularnos al crimen organizado, cuando sabemos que es el senador Narro quien tiene estos vínculos, tal como quedó demostrado cuando intentó interferir junto al sobrino de Caro Quintero, Rodrigo Omar Páez Quintero, en el proceso judicial que llevamos desde hace más de nueve años contra la empresa Fresnillo PLC, ya que ambos tratan hacerse pasar por ejidatarios utilizando un falso derecho ejidal el cual ha sido presentado por el abogado José Elmer Quintero Ley, otro sobrino de Caro Quintero, ante las oficinas del Tribunal Agrario #28 de Hermosillo-Sonora.
La evidencia de los vínculos del senador con la mafia de Caborca es tan clara, que desde las oficinas del Senador han llamado a diversos periodistas para solicitar que entrevisten al abogado mencionado anteriormente, ya que supuestamente representa al núcleo ejidal.
El empeño del senador Narro en interferir en asuntos que son exclusividad del ejido El Bajío, es tal que en una oportunidad contactó a nuestro representante ejidal para solicitarle que el ejido El Bajío le cediera el control de nuestro caso, nuestra respuesta fue y sigue siendo clara: los asuntos y la lucha del ejido El Bajío responden únicamente a los intereses del ejido El Bajío, no responden a los intereses particulares de ningún senador ni mucho menos responde a los intereses de la empresa minera.
En el pasado hemos denunciado al señor Rodrigo Omar Páez Quintero por sus claros vínculos con grupos al margen de la ley, tal como lo narramos a la revista Proceso en noviembre de 2018, hoy cinco años después de haber efectuado estas denuncias vemos la confirmación de las mismas a través del artículo publicado por la revista Milenio el pasado 30 de abril. Es por todo esto que señalamos a este señor, como el responsable de los asesinatos y las desapariciones de nuestros compañeros, así como de todo el hostigamiento que hemos vivido por parte de grupos armados dentro de nuestro territorio y fuera de este.
Consideramos que todas estas notas buscan difamar y deslegitimizar nuestra lucha ante la opinión pública, pero ya todos y todas sabemos que el poder político y el poder económico tienen como premisa crear vínculos inexistentes para torpedear los procesos legítimos de defensa emprendidos por las comunidades del país, ante el despojo y el hostigamiento del que somos víctimas. Sin embargo, no deja de ser lamentable, que cierta corriente del periodismo se preste para generar estas matrices de opinión que finalmente, afectan los intereses y las luchas del pueblo mexicano.
Así como hemos aclarado que no tenemos vínculos con grupos armados o con la empresa minera, también aclaramos que no tenemos vínculos con el poder judicial; no sostenemos vínculos con la actual magistra del TUA #28 de Hermosillo, la Lic. Alejandrina Gámez Rey, tal como señalan las notas publicadas por el diario El Universal, quien en este momento es la única persona que está actuando conforme a derecho. También aclaramos que no tenemos nada en contra del presidente de la república, el señor Andrés Manuel López Obrador, a quien lo único que le pedimos es que tome una acción en favor del cumplimiento de la justicia.
Desde el ejido El Bajío recordamos a la opinión pública que la minera Fresnillo PLC inició la explotación ilegal de oro dentro de nuestro ejido en 1991; en 2009 interpusimos el primer juicio agrario cuya sentencia indica que la empresa debía desalojar el ejido, cosa que hizo 4 años más tarde y por orden de las fuerzas de orden público; en 2013 interpusimos 67 juicios agrarios; en 2014 obtuvimos 67 sentencias firmes que estipulan que la empresa debe regresar las tierras a su estado natural y devolver todo el oro extraído al ejido; la empresa volvió a ingresar de manera ilegal en el ejido en el 2019 y finalmente en 2020 logramos expulsarla; las sentencias dictadas en el 2014, no han sido ejecutadas.
También aprovechamos la oportunidad para recordar que hemos denunciado el encarcelamiento ilegal de doce compañeros; las amenazas y el hostigamiento al que somos sometidos de manera constante por parte de la policía federal, la policía minera, el ejército mexicano y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora y actual cónsul de nuestro país en Barcelona la señora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; la desaparición forzada y el asesinato de nuestros compañeros y compañeras, y que no hemos recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes a estas denuncias.
Por último, queremos aclarar ante las declaraciones del senador Narro que nuestras demandas y exigencias son y seguirán siendo las siguientes:
1.Ejecución inmediata de las 67 sentencias dictadas en el 2104.
2. El cese de todas las amenazas y acosos.
3. Esclarecimiento de los asesinatos de nuestros compañeros de: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega.
4. La aparición con vida de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
Estamos abiertos al diálogo para la resolución del conflicto, pero dejamos claro que no hay posibilidad de restablecer operaciones mineras dentro del ejido El Bajío, nuestra tierra se respeta.
El ejido el Bajío no se vende. La mina es muerte, el desierto es vida.
[1] Solicitará Morena en Congreso mediación de SEGOB en conflicto de mina en puerto Peñasco, Sonora
Piden a Adán Augusto y a AMLO frenar despojos de mina de oro
