Durante varios años la minera Penmont explotó el oro que se encuentra dentro del territorio del ejido a través de acuerdos con ejidatarios de forma particular sin presentarlos a la Asamblea Ejidal, ente de autoridad máxima, siendo estos acuerdos firmados únicamente por un notario y los representantes de la minera, evidenciando así el carácter ilegal de los mismos, quedando claro el carácter ilegal de los mismos. Este hecho es fundamental para toda la historia legal del caso.
El conflicto legal entre el ejido El Bajío y la minera Penmont inicia en el 2009 cuando un grupo de ejidatarios decide interponer un juicio agrario ante Penmont, este juicio está identificado como el 188/2009 y la única exigencia era que la minera les consultase la pertinencia de las acciones emprendidas dentro del territorio y poder participar en estas.
En el 2013 un grupo de 67 ejidatarios interponen 67 juicios agrarios a Penmont cuyas sentencias también dictadas por el abogado Manuela Loya Valverde, son favorables al ejido, las sentencias estipulan que:
- La minera debe desocupar y entregar las tierras
- La minera debe regresar las tierras al estado que tenían antes de la ocupación
- Se indica la devolución del oro que extrajo La minera
- La minera debe indemnizar a los ejidatarios por el uso de sus tierras
A partir de este momento se desatan una serie de hechos violentos en contra de los ejidatarios en donde podemos señalar: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, amedrentamientos, quema de vehículos, siembra de armas y órdenes de aprehensión; aunado a todo esto en el Senado de la República no ratifica en su cargo de magistrado al abogado Manuel Loya Valverde.
Estas acciones violentas se recrudecen cuando en el 2016, cuando el Tribunal Agrario #28 le asigna a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, 1.824 hectáreas de tierras dentro del ejido; dotación que fue anulada en el mismo año.
Hasta la fecha las sentencias no han sido ejecutadas, pese a que los ejidatarios han solicitado incluso la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Las sentencias son históricas en México, representan la posibilidad de que un grupo de ejidatarios pueda ejercer su derecho a la justicia, ante uno de los consorcios mineros más importantes del país y de Latinoamérica; sin embargo, la no ejecución de ellas, supone el control del poder económico sobre el poder judicial. La justicia no es para unos pocos, el acceso a la justicia ha de ser para todos.
