La industria minera sigue impune a pesar de los abusos a derechos humanos en México.

Oct 4, 2021

Han pasado 7 años desde que la mina Buenavista del Cobre de Grupo México derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando en ese momento y de forma directa a 22 mil personas en siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.

Aunque la empresa del multimillonario Germán Larrea cometió graves abusos a los derechos humanos de las comunidades e indignación en la sociedad mexicana, hasta la fecha no ha respondido ni reparado los daños a la salud, acceso al agua y vida de estas familias.

La empresa minera y los diferentes gobiernos estatales y federales se comprometieron a construir 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud, así como un monitoreo y un estudio que sirvan para trazar una ruta para resarcir el daño ambiental. Ninguno de estos compromisos se han cumplido.

Lamentablemente, este no es el único caso de impunidad relacionado con la industria minera en México. También en Sonora, en el municipio de Puerto Peñasco, nuestra comunidad ha esperado desde diciembre de 2014, casi 7 años, a que se ejecuten las decenas de sentencias que obligan a la minera Penmont a reparar el daño ambiental que hizo a nuestro territorio y devolvernos el oro que extrajo ilegalmente durante años.

En ambos casos, la influencia del poder económico dentro de las instituciones gubernamentales ha impedido a nuestras comunidades acceder a la verdad y justicia social.

Historia legal del caso

Historia legal del caso

Durante varios años la minera Penmont explotó el oro que se encuentra dentro del territorio del ejido a través de acuerdos con ejidatarios de forma particular sin presentarlos a la Asamblea Ejidal, ente de autoridad máxima, siendo estos acuerdos firmados únicamente...

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Las desapariciones y detenciones ilegales en El Bajío, Sonora, son consecuencia de los intereses económicos de la minera Penmont y Alberto Baillères.

Las desapariciones y detenciones ilegales en El Bajío, Sonora, son consecuencia de los intereses económicos de la minera Penmont y Alberto Baillères.

Una de las primeras agresiones se documentó en el 2014 con la detención y retención ilegal de ocho ejidatarios a manos de elementos del Ejército, quienes solicitaron 100 mil pesos para la liberación de cada uno. De estas ocho personas, liberaron a cuatro y detuvieron al resto. Dos de ellos fueron acusados de robo y los otros dos por portación ilegal de arma.

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Millonario contra campesinos

Millonario contra campesinos

Ejidatarios del Bajío resisten a la explotación ilegal de sus tierras por parte de Alberto Baillères, dueño del Palacio de Hierro. Él está detrás del caso de extractivismo ilegal y violento en el ejido.

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