Declaración conjunta de demandas y exigencias de los Movimientos Sociales y Pueblos Originarios de Sonora 2022

Mar 30, 2022

Hermosillo, 26 de marzo 2022

Nosotras y nosotros, representantes de diversos movimientos sociales, reunidos en el Encuentro de Movimientos Sociales de Sonora 2022, en la ciudad de Hermosillo durante los días 24, 25 y 26 de marzo del presente año, hemos acordado conformar el Frente Sonora (Frente amplio de movimientos sociales y pueblos originarios de Sonora) para exigir que nuestras demandas y exigencias ante el gobierno estatal y federal, recogidas en este documento, sean atendidas de forma precisa y expedita.

En primer lugar, demandamos que la exgobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano sea destituida como cónsul de nuestro país en Barcelona – España y exigimos una investigación por corrupción, negligencia y omisión de funciones a la exgobernadora, así como el seguimiento de la denuncia por crímenes de lesa humanidad y crímenes de estado interpuesta por el Heroico Pueblo de Loma de Bacúm de la Nación de la Tribu Yaqui a la exgobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano.

Exigimos eliminar de la Ley Minera el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería que contempla dicha Ley; así como la eliminación de los privilegios que tienen las empresas mineras en acceso a la tierra y el agua. Demandamos la cancelación de todas las concesiones mineras que no hayan sido otorgadas respetando el convenio 169 del OIT y de aquellas que se encuentren involucradas en violaciones a derechos humanos, ecocidios y delitos.

Exigimos al gobierno federal que cese el ataque a los y las defensoras de derechos humanos y del territorio y de los y las periodistas.

Exigimos que la titular la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Mrta. Carolina María Flores Medina, sea destituida y reemplazada por una persona reconocida y postulada por las víctimas y que, para esto, las víctimas sean convocadas y sus propuestas sean vinculantes.

Exigimos que los funcionarios estatales relacionados en casos de corrupción y/o que estén siendo investigados y/o denunciados por desaparición forzada, sean suspendidos de sus funciones y si compete, sean destituidos.

Demandamos que las mesas de diálogos con las autoridades para la resolución de conflictos, se realicen en las comunidades afectadas y con las personas afectadas, tal como lo establece el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Federales y exigimos que los y las tomadoras de decisiones, se presenten en las comunidades y zonas con conflictos con la recurrencia que se establezca según las necesidades de cada caso y/o comunidad.

Le recordamos a las autoridades que ustedes deben ser la primera garantía de protección para los DDHH y la defensa del medio ambiente y les recordamos que este reconocimiento está amparado por el acuerdo de Escazú

Demandamos que la recomendación de la comisión nacional y estatal de DDHH sean vinculantes y obligatorias para todos los funcionarios públicos estatales y federales; la derogación del artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, ya que este convierte a la Ley en una Ley inaccesible, discriminatoria y racista.

Demandamos el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, en donde se establece que cualquier proyecto que impacte en los territorios de las comunidades originarias debe involucrar un proceso de consulta libre previa, informada y culturalmente adecuada y exigimos que los tribunales agrarios dispongan de traductores a los diversos idiomas de las lenguas de los pueblos originarios.

Exigimos la revisión de la Ley de Víctimas del estado y su homologación con el resto de los estados en materia de desaparición forzada, así como tener un marco jurídico que permita el acceso a la justicia de las víctimas y la generación de planes de atención a estas con especial énfasis, en las infancias que han perdido a su padre o madre por desaparición forzada. Exigimos la creación de una Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y contar con funcionarios especializados en esta materia y exigimos la inclusión de denuncias anónimas y protección legal para los denunciantes.

Demandamos que la Fiscalía actual genere una base de datos de restos y cuerpos localizados y no identificados, así como contar con una Ley en materia de fosas comunes y un laboratorio forense del estado Sonora el cual ha sido prometido desde el 2019. Exigimos seguridad en materia de búsquedas de nuestros familiares desaparecidos; localización e identificación de los restos óseos encontrados.

Demandamos acceso real a la justicia, sentencias claras y ejecutables.

Exigimos la ejecución de las 67 sentencias a favor del ejido el Bajío; la no injerencia del gobierno estatal y del gobierno federal en los asuntos internos del ejido el Bajío; el esclarecimiento de los asesinatos de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega y exigimos la aparición con vida de Nohemí Elizabeth López Gutiérrez.

Denunciamos la impunidad en la que se mantiene el crimen del caso de la guardería ABC

Demandamos la solución inmediata al asunto de la sección 65 de los mineros de Cananea la cual se encuentra cumpliendo 14 años en huelga y se encuentra actualmente en conversaciones con el Gobierno Federal por mandato de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Exigimos el alto a los feminicidios, violencias, crímenes, discursos de odio, a la criminalización de los movimientos feministas y comunidades disidentes del sistema sexo-género. Exigimos que se garantice una investigación independiente que permita esclarecer el feminicidio de Marisol Cuadras, asesinada el 25 de noviembre de 2021 en la ciudad de Guaymas y castigo para los responsables de su asesinato.

Exigimos el respeto irrestricto al sistema normativo interno de usos y costumbres de la Gran Nación Yaqui; del pueblo Tohono O´othan, el pueblo Yoreme Mayo y los diversos pueblos indígenas del estado de Sonora, así como la no injerencia en nuestras decisiones y el respeto de las autoridades y consejos legítimamente reconocidos por nuestros usos y costumbres.

Exigimos justicia, respeto y el cese del acoso policial y de las autoridades municipales de Navojoa y Huatabampo hacia los comuneros integrantes del Concejo Indígena de Buen Gobierno de la Comunidad Indígena de Masiaca y demandamos que sean retiradas las denuncias penales presentadas por falso secuestro, a seis comuneros y comuneras, quienes se encontraban defiendo su territorio.

Demandamos que el Plan de Justicia Mayo, sea realizado en asambleas populares regionales, que estas sean abiertas, en fechas estipuladas con las autoridades del pueblo Yoreme Mayo, garantizando así nuestras fechas sagradas y que sean realizadas en el territorio de la comunidad y no en las oficinas del INPI de Etchojoa, con representantes y modos no reconocidos por el pueblo Yoreme Mayo de Sonora.

Exigimos la libertad inmediata del preso político Fidencio Aldama Pérez de la Gran Nación Yaqui, así como el resarcimiento del daño ocasionado a su familia y una disculpa pública por parte del gobierno del estado de Sonora.

Exigimos la aparición con vida de nuestros diez compañeros de Loma de Bácum, víctimas de desaparición forzada en el marco de la defensa del territorio ante la imposición de concesiones mineras y el Gasoducto Sonora, así como el esclarecimiento del caso y castigo a los culpables, materiales e intelectuales.

Denunciamos el crimen contra el ecosistema y la salud de las comunidades de la cuenca del Río Sonora por la minera Buenavista del Cobre y exigimos la reactivación del Fideicomiso Río Sonora como mecanismo de remediación, con la más amplia participación de todas las comunidades de los municipios afectados.

Demandamos que los conocimientos generados en las diversas comunidades de la Cuenca del del Río Sonora sean el punto de partida para la generación de planes y estrategias y que las formas de organización políticas de las diversas comunidades sean reconocidas como procesos vinculantes.

Demandamos la indemnización, el resarcimiento de daños y la veda del manto acuífero para actividades industriales, dentro del territorio del ejido Turicachi y Rancho La Higuerita por parte del Grupo México.

Demandamos la indemnización por daños ambientales, por vertido, emisiones, construcción y operación de un gasoducto que atraviesa el ejido Turicachi por once mil quinientos metros lineales por 23 de ancho.

Demandamos la remediación integral y garantía de no repetición, ante las dependencias involucradas: SEMARNAT, PROFEPA, Secretaría de Salud, Conagua y Secretaria de Economía, en el caso de los Comités de Cuenca río Sonora.

Demandamos declarar veda sobre el uso del agua para la actividad extractiva ya que la vida de las cuencas de Sonora se encuentran en riesgo; exigimos el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 101, que establece un caudal mínimo ecológico para los afluentes de agua.

Exigimos el alto al despojo inmobiliario y la destrucción de áreas verdes en la ciudad de Hermosillo. Demandamos la protección a la flora y la fauna nativa en todo el estado e impulsamos el reconocimiento de la madre tierra como sujeto y no como objeto ante la captura corporativa del estado.

Desde el Frente Sonora, extendemos un llamado a todas las organizaciones sociales, comunitarias, LGBTIQ+, sindicales, pueblos originarios, comunidades campesinas, feministas de la sociedad civil sonorense, a sumarse al Frente Sonora y así, desde la lucha colectiva, sumar todos nuestros esfuerzos para que las exigencias y demandas expuestas en este documento, sean cumplidas por las autoridades estatales y federales, las cuales están al servicio del pueblo mexicano y no al servicio de intereses del capital privado, las industrias extractivistas y trasnacionales.

Firman:

Ejido El Bajío

Madres buscadoras de Sonora

La Gran Nación Yaqui

El pueblo Tohono O´otham

Comunidad Yoreme Mayo de Sonora

Concejo Indígena de Buen Gobierno de la comunidad indígena de Masiaca

Colectivo Jamut Bo´oo

Comités de Cuenca Río Sonora

Frente amplio Río Sonora

PODER

Sindicato minero nacional – Sección 65 Cananea

Asociación de la Filosofía y Liberación – Sonora (AFyL-Sonora)

Pan y Rosas Sonora

Comités de vecinos y vecinas de Sacramento Residencial en Hermosillo

Ejido Turicachi

Rancho la Higuerita

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Una de las primeras agresiones se documentó en el 2014 con la detención y retención ilegal de ocho ejidatarios a manos de elementos del Ejército, quienes solicitaron 100 mil pesos para la liberación de cada uno. De estas ocho personas, liberaron a cuatro y detuvieron al resto. Dos de ellos fueron acusados de robo y los otros dos por portación ilegal de arma.

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