El conflicto que sostienen ejidatarias y ejidatarios de El Bajío contra la minera Penmont del multimillonario Alberto Baillères ha puesto en riesgo la vida y paz de la comunidad entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, Sonora.
Una de las primeras agresiones se documentó en el 2014 con la detención y retención ilegal de ocho ejidatarios a manos de elementos del Ejército, quienes solicitaron 100 mil pesos para la liberación de cada uno. De estas ocho personas, liberaron a cuatro y detuvieron al resto. Dos de ellos fueron acusados de robo y los otros dos por portación ilegal de arma.
Desapariciones a manos de soldados del Ejército mexicano
En octubre de 2016 el presidente ejidal José de Jesús Robledo presentó a los medios de comunicación las denuncias ante el Ministerio Público y en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente por extracción ilegal de oro, contra Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien había sido puesto en posesión de manera ilegal de mil 824 hectáreas del ejido El Bajío.
Además, Rafael Pavlovich Durazo interpuso una denuncia contra cinco ejidatarios por despojo de sus propias tierras y, en menos de un mes, los ejidatarios fueron detenidos por policías estatales acompañados de seguridad privada de la minera Penmont.
Aunque en junio de ese mismo año, el Tribunal Agrario número 28 rectificó que Rafael Pavlovich Durazo no fue autorizado para ocupar las tierras y debía desocuparlas inmediatamente, el día acordado para el desalojo no se presentó la policía estatal ni la federal y tampoco el Ejército, solo 26 ejidatarios, quienes fueron amenazados por un grupo armado, que les indicó que debían de dejar de hacer denuncias contra Pavlovich o de lo contrario serían asesinados y enterrados, ¿desaparecidos?, en el desierto.
Casi un año después de hacer pública esta situación ante los medios de comunicación, en septiembre del 2017, José de Jesús Robledo fue detenido y desaparecido afuera de su domicilio mientras se dirigía a una asamblea ejidal. Hombres encapuchados con armas largas y usando chalecos de la SEDENA lo subieron a una camioneta. Desde entonces su familia no supo más de él, hasta que en marzo del 2020 apareció con vida en Estados Unidos en donde solicitó asilo político con claros signos de haber sufrido violencia y tortura.
La comunidad ejidal también denuncia el asesinato de Noemí Elizabeth López Gutiérrez y su esposo Raúl Ibarra de la Paz, ejidatarios desaparecidos desde febrero del 2018 y asesinados por defender la tierra. Los cuerpos de ambos aún no han sido encontrados.
Estas graves violaciones a derechos humanos son ejemplo del accionar de los grupos mineros, quienes muchas veces, como en el caso de El Bajío, cuentan con la complicidad de autoridades y medios de comunicación, quienes han justificado estas violencias con “la presencia del crimen organizado en la región”.
Esta narrativa invisibiliza la resistencia de ejidatarias y ejidatarios contra la explotación ilegal de una mega empresa como Penmont, quienes buscan maximizar su beneficio a cualquier costo, aunque sean vidas humanas y despojo de comunidades.
La violencia de la “guerra contra las drogas” al servicio de las mineras en México
Las compañías mineras, nacionales y transnacionales, se benefician una y otra vez del régimen de terror impuesto por la guerra antidrogas, como demuestran las investigaciones de periodistas y de académicos. La periodista Dawn Marie Paley, en su libro Capitalismo Antidrogas indica: “Los proyectos mineros han sido de los espacios más conflictivos de la expansión capitalista en México, y la mayor parte de la producción de oro y plata en el país se da en los estados con las tasas más altas de violencia (Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Durango y Sonora)”.
