En los últimos meses periodistas, activistas e integrantes de comunidades indígenas han desaparecido o han sido brutalmente asesinadxs en Sonora.
Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han exhortado al gobierno federal y estatal a proteger a los familiares de las víctimas y a investigar los crímenes considerando su labor como activistas y periodistas.
En el caso del ejido El Bajío, el pasado 30 de abril los cuerpos de José de Jesús Robledo Cruz, expresidente ejidal y su esposa María de Jesús Gómez Vega fueron encontrados sin vida en el municipio de Puerto Peñasco. Sobre ellos había un cartel con los nombres escritos de otras personas integrantes de nuestra comunidad en clara señal de amenaza.
Ante los asesinatos y amenazas de muerte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos requirió que en la investigación del caso, se tomara en cuenta la resistencia que la pareja de ejidatarios mantenía contra la industria minera que se encuentra operando de forma ilegal dentro del ejido, específicamente de la mina La Herradura, propiedad de Alberto Baillères, el cuarto hombre más rico de México
Los compañeros yaquis también han sido afectados por los intereses mineros en la entidad. Desde el 14 de julio de este año, desaparecieron diez integrantes de la comunidad de Loma de Bacúm, al sur de Sonora. Ellos denuncian que se trata de una forma de presión de las empresas mineras, ya que buscan instalarse en su territorio y explotar sus recursos naturales.
Un día después del reporte de las desapariciones de los compañeros yaquis, el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora también fue atacado. Aranza Ramos, integrante de este y quien buscaba a su esposo desaparecido en diciembre de 2020, fue sacada de su domicilio por hombres armados, para después ser asesinada. Su cuerpo fue abandonado y hallado en el municipio de Guaymas.
En la región también ha sido víctima de la crisis de violencia el gremio de periodistas: Ricardo López, de InfoGuaymas, fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un supermercado ubicado al norte de Guaymas, el pasado 22 de julio. El comunicador ya había denunciado amenazas en su contra ante la Fiscalía General de la República.
Durante 2021, la ONU-DH ha documentado al menos ocho casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos donde los homicidios podrían ser una represalia por su legítima labor.
No solo los activistas y comunicadores son asesinados, sino que también la violencia toca a todos los sectores de la sociedad. En mayo elementos de la Guardia Nacional dispararon, por presunta confusión, a dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en el municipio de Caborca.
En la entidad, activistas, periodistas, personas defensoras del territorio y hasta funcionarios públicos vivimos en riesgo por la impunidad en que operan con violencia los poderes fácticos y la nula respuesta efectiva de los tres niveles de gobierno ante la crisis de violencia en el estado.
