El pasado 2 de julio de 2022, el periódico El Universal publicó una nota en donde aborda, una vez más, nuestro caso. Recordamos que desde el ejido El Bajío estamos esperando desde hace ocho años, que se ejecuten las 67 sentencias que dictó el Tribunal Agrario #28, en donde estipula que la empresa minera PENMONT – Frenillo PLC, propiedad de la familia Baillères, debe restablecer el territorio que ocupó ilegalmente, a su estado natural y regresar todo el oro extraído de manera ilegal al ejido.
Todo apoyo para su resolución es bienvenido, lo único que necesitamos es que se cumpla justicia. Y en función de ello decidimos publicar nuestra postura oficial, sobre la nota antes mencionada y algunos puntos señalados en ella, que nos inquietan.
Lo primero es que la nota indica que el senador José Narro Céspedes, de la bancada de Morena, “presentará un punto de acuerdo a la comisión permanente del Congreso de la Unión para que la Secretaría de Gobernación instale una mesa de negociación donde participe el Gobierno de Sonora, la empresa minera que pertenece al grupo Peñoles y los ejidatarios afectados, para resolver el conflicto derivado de la explotación irregular durante tres años de oro, plata y otros minerales”. Esto, en una primera lectura, sería absolutamente coherente y necesario, pero nos surge la pregunta, si el gobierno actual representa los intereses del pueblo mexicano y no los intereses económicos de la élite, ¿cómo es posible que no nos avisasen de esta pretensión? Estamos dispuestos al diálogo, solo pedimos que nos avisen de su convocatoria antes de avisarle a los medios de circulación nacional.
Segundo, y lo más grave, es que la nota relata que el senador Narro “dijo en entrevista que se busca la intervención de la SEGOB por la citada minera ha estado explotando la mina sin tener un acuerdo de los propietarios, por lo que están demandando una indemnización sobre todo lo que se extrajo la minera, así como un acuerdo para poner a funcionar la mina.” Hemos dicho en múltiples ocasiones y lo volveremos a decir cuantas veces sea necesario, que no queremos que la mina, ni PENMONT ni ninguna otra, vuelva a entrar a nuestros territorios; esto es innegociable. Hemos visto cómo nuestra tierra ha sido devastada, hemos sido desplazados de ella y nuestros compañeros han sido asesinados y desaparecidos en su defensa. Ninguna empresa minera entrará nuevamente a los territorios del ejido El Bajío.
Tercero, el senador indica que la empresa empezó a explotar de forma ilegal oro dentro de nuestras tierras desde hace tres años, esto es absolutamente falso, aclaramos: PENMONT inició la explotación ilegal de oro dentro de nuestro ejido en 1991; en 2009 interpusimos el primer juicio agrario cuya sentencia indica que la empresa debía desalojar el ejido, cosa que hizo 4 años más tarde y por orden de las fuerzas de orden público; en 2013 interpusimos 67 juicios agrarios; en 2014 obtuvimos 67 sentencias; la empresa volvió a ingresar de manera ilegal en el ejido en el 2019 y finalmente en 2020 logramos expulsarla; las sentencias dictadas en el 2014, no han sido ejecutadas por lo que la empresa tiene ocho años evadiendo la justicia.
Cuarto, se señala que nosotros como ejidatarios hemos denunciado ser víctimas del crimen organizado, esta afirmación carece de sustento, hemos denunciado el encarcelamiento ilegal de doce compañeros, las amenazas y el hostigamiento al que somos sometidos de manera constante por parte de la policía federal, la policía minera, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora y actual cónsul de nuestro país en Barcelona la señora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; la desaparición forzada y el asesinato de nuestros compañeros, fueron denunciados, sin embargo no sabemos quiénes son los responsables y es por ello que exigimos su esclarecimiento.
Como quinto y último punto, ante las palabras del senador en donde indica que estamos “demandando que se paguen los daños ocasionados, así como lo que han sustraído de minerales y después un acuerdo formal para arrancar el proyecto”; decimos: no queremos realizar ningún tipo de acuerdo para que la mina vuelva a operar dentro de nuestros territorios, lo único que queremos es que se cumplan nuestras demandas y exigencias:
1.Ejecución de las 67 sentencias dictadas en el 2104.
2. El cese de todas las amenazas y acosos.
3. Esclarecimiento de los asesinatos de nuestros compañeros de: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega.
4. La aparición con vida de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
Estamos dispuestos a asistir a la mesa de negociación propuesta por el senador Narro, estamos abiertos al diálogo, pero dejamos claro que no hay posibilidad de restablecer operaciones mineras dentro del ejido El Bajío.
El ejido el Bajío no se vende, la mina es muerte, el desierto es vida
